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Alcalde de Morelia busca reelegirse para seguir haciendo negocios desde el gobierno: Torres Piña

• El morenista afirma que tiene pruebas contundentes para denunciar que Alfonso Martínez opera una red de tráfico de influencias en el gobierno municipal.

Morelia, Michoacán, a 10 de abril de 2024.- El gobierno de Morelia violó los montos presupuestales establecidos como límite para poder contratar empresas por adjudicación directa, sin licitación, por lo que gastó 570 millones de pesos en obra pública al margen de la ley, y benefició a constructoras vinculadas con integrantes de su gabinete municipal, subrayó Carlos Torres Piña, coordinador de la defensa de la cuarta transformación en la capital del estado.

El alcalde de Morelia gastó 650 millones de pesos en obra pública sin respetar lo establecido en el Reglamento Municipal de Adquisiciones respecto a la contratación por medio de licitaciones, ya que celebró 154 contratos con constructoras que fueron elegidas de manera directa o por invitación restringida; es decir, sin convocar públicamente a otras empresas para obtener los mejores costos y la mayor calidad.

Torres Piña puntualizó que existen acuerdos de Cabildo, y decretos del Gobierno del Estado, en los que se establece que cuando se vaya a invertir más de un millón de pesos en la construcción de obra pública se debe convocar a licitación pública; “sin embargo, el gobierno municipal prefirió celebrar los contratos en la opacidad, y bajo un claro conflicto de interés.”

Agregó que el presidente municipal debe responder por la red de corrupción y tráfico de influencias que hay detrás de los contratos por más de 650 millones de pesos, y no evadir la rendición de cuentas con el falso argumento de que las denuncias en su contra son parte del proceso electoral, en contra de su intención de reelegirse en el cargo.

Finalmente, insistió en que cuenta con pruebas contundentes de que Alfonso Martinez ha tejido una red de tráfico de influencias en el gobierno municipal, por lo que formalizará su denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

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